Migración
americana.

Kilmar Ábrego García es un salvadoreño que ingresó a los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2011. Fue capturado por oficiales de ICE (Immigrations and Customs Enforcement, por sus siglas en inglés) mientras trabajaba en una compañía. Fue detenido el pasado 12 de marzo y trasladado a la cárcel de El Salvador denominada CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), donde actualmente está recluido y cumple una condena por terrorismo, tras la extradición exprés solicitada por el gobierno de Trump, sindicado de pertenecer presuntamente a la MS-19 y de orquestar delitos y actos de vandalismo junto a otros trabajadores de la fábrica.

Su caso ha recibido especial atención en los medios estadounidenses recientemente e incluso ha llegado a los estrados judiciales de la Corte Suprema de Justicia de ese país, hasta alcanzar la Casa Oval. El pasado 14 de abril, la reportera de CNN, Kaitlan Collins, abordó el tema en una conferencia en la que participaron los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump, de El Salvador y Estados Unidos, respectivamente. En dicha reunión oficial, llevada a cabo en territorio estadounidense, ambos mandatarios aseguraron que el envío de «criminales» forma parte de una estrategia para limpiar las calles de Estados Unidos. Declararon que toda persona que cometa actos atroces o fuera de la ley enfrentará consecuencias inmediatas, tales como el retiro del proceso legal de documentación, la restricción de su libertad o, incluso, la deportación exprés a su país de origen, tratándose de inmigrantes.

Recordemos que la meta postulada en la campaña de Trump, confirmada por su vicepresidente electo J.D. Vance, estipula la deportación de un millón de personas, lo que ellos mismos denominan «la mayor deportación de la historia». Incluso se afirma que superarían las cifras de sus predecesores: “Se superaron los cinco millones de deportaciones ocurridas durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), y aún más los 10 millones del mandato de George W. Bush y los 12 millones de la era de Bill Clinton.” Aunque en los tres casos se incluyen las deportaciones correspondientes a dos mandatos presidenciales, no a uno solo, como en el caso de Trump, según cifras publicadas por El País.

Adicionalmente, es importante entender el fenómeno migratorio como un modelo cambiante. Al inicio de las administraciones anteriores, la migración estaba compuesta principalmente por hombres adultos en busca de mejores oportunidades económicas para enviar divisas y remesas. Actualmente, el perfil ha cambiado: ahora son menores de edad, mujeres o núcleos familiares enteros quienes intentan ingresar al país. Esto ha derivado en procesos judiciales prolongados y en situaciones relacionadas con el Título 42, que obligaba a los migrantes a retornar a sus países de origen mientras se resolvía su situación en los tribunales (aunque este título ya ha sido derogado).

A la complejidad del fenómeno se suman las formas de deportación, muchas veces marcadas por un evidente exceso de poder por parte de los oficiales de ICE, quienes interceptan negocios, comercios, automóviles y civiles. Incluso se han reportado casos de asalto a menores de edad, como el de una niña guatemalteca de cinco años, con derecho de residencia legal desde 2024, quien fue deportada junto a su padre tras ser convocado a las oficinas del Departamento de Seguridad, sin la debida notificación a su abogada. Este caso fue posteriormente desestimado por un juez de inmigración de Estados Unidos. Así como este, existen innumerables casos de deportaciones injustas de primeras generaciones de migrantes irregulares y de sus descendientes nacidos en territorio estadounidense, quienes aún enfrentan riesgos bajo la actual administración.

No podemos dejar de mencionar casos como:

• Pedro Guzmán, ciudadano estadounidense deportado por error.
• Mark Lyttle, ciudadano estadounidense con enfermedad mental, deportado a Centroamérica.

Ahora bien, ¿es esta la mejor alternativa para resolver los problemas de seguridad nacional? ¿O existe también una distorsión informativa en el cubrimiento mediático de los crímenes cometidos por inmigrantes?
Un estudio realizado en Alemania revela que, para 2023, casi el 67 % de los delitos violentos fueron cometidos por ciudadanos locales, mientras que un 33 % por extranjeros. Sin embargo, en los medios de comunicación, el 84 % de las noticias de delitos violentos correspondían a actos cometidos por inmigrantes, frente a solo un 16 % atribuido a locales, como se evidenció en los eventos de Múnich (alemán) y Mannheim (afgano).

Esta situación nos invita a reflexionar sobre la crisis migratoria global, la necesidad de abrir discusiones efectivas para preservar tanto la economía como la base social, y sobre la influencia que los relatos mediáticos ejercen en la manera en que nos relacionamos, comunicamos y percibimos a los demás, especialmente cuando se tocan temas de nacionalismo, pertenencia o exclusión social.

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