Soy hija de la educación pública

Soy hija de la educación pública. Estudié en el Colegio de Boyacá, primer colegio público de Colombia, de tradición independentista y liberal, fundado por Francisco de Paula Santander el 17 de mayo de 1822. Conservo esta fecha en la memoria porque, si algo se inculca en el ColBoy, es el orgullo de ser parte de su historia.

Durante toda mi vida escolar fui representante estudiantil: personera de la sección Rafael Londoño Barajas a los 12 años y, en mi último año, representante ante el consejo directivo según la Ley 115 de 1993. Esa experiencia me permitió comprender los problemas de financiamiento de la educación pública, presenciar el recorte de transferencias bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y participar en mi primera movilización en defensa del presupuesto educativo.

En el colegio conocí el movimiento estudiantil y me uní a la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Ese trabajo colectivo despertó en mí preguntas sobre los derechos y las libertades. En esa época me cautivaron Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, las tesis de Carlos Gaviria y conocí las posturas de Gustavo Petro cuando fue por primera vez candidato por el Polo Democrático Alternativo en 2010.

Así decidí estudiar Derecho, convencida de que conocer las instituciones era el primer paso para transformarlas.
Ingresé a la UPTC, mi universidad pública, donde seguí siendo testigo de cómo los gobiernos privilegiaban el presupuesto para la guerra en detrimento de la educación. En 2011 participé en uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la década, la MANE, que se levantó contra la reforma a la Ley de Educación Superior impulsada por Juan Manuel Santos. La propuesta, bajo el argumento de ampliar la cobertura, abría la puerta a que el sector privado supliera lo que el público no podía garantizar.

En 2022, un programa de gobierno que recogía las demandas de amplios sectores sociales, incluido aquel movimiento estudiantil que viví en carne propia, llegó al poder por voto popular. Ese mismo año tuve la oportunidad de estudiar en Francia gracias a una beca del Gobierno francés, dentro de un programa de cooperación entre la Universidad Externado, el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Cancillería y la Universidad Sorbonne Nouvelle.

La experiencia en Francia me mostró lo mucho que un estudiante latinoamericano debe esforzarse para ocupar los mismos espacios que un europeo, incluso antes de considerar las desigualdades por sexo, raza o clase social. También me permitió comprender lo que significa para un país contar con acceso público y universal no solo a la educación, sino a infraestructura de calidad. Invertir en educación es invertir en igualdad y en redistribución de la riqueza.

Los datos lo respaldan. Thomas Piketty, en Capital e ideología, evidencia que en Francia el 10% de estudiantes que reciben el menor gasto público obtienen entre 65.000 y 70.000 euros por persona, mientras que el 10% que recibe más obtiene entre 200.000 y 300.000 euros. Esto refleja una concentración de recursos educativos en beneficio de una minoría. Además, los estudiantes de medios favorecidos tienen más posibilidades de contar con profesores titulares y experimentados, mientras que los de entornos desfavorecidos suelen tener docentes reemplazantes o contratados temporalmente. Si esto ocurre en un país que ocupa un lugar de privilegio en el sistema mundial, las desigualdades se multiplican en el sur global, donde el financiamiento educativo es paupérrimo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 contempla aumentar la cobertura en educación inicial, incrementar los recursos del Sistema General de Participaciones para la educación preescolar, básica y media —recortados en 2001 y 2002—, y garantizar la gratuidad de la matrícula en la educación superior pública con miras a su universalización. Se propuso pasar de 66.000 millones anuales a 964.000 millones en 2026 para la educación inicial.

Sin embargo, aunque se han dado avances como la gratuidad en la educación pública y la inclusión de la educación socioemocional en los currículos, los indicadores de cumplimiento no son óptimos. Hay un desfase entre lo propuesto y lo posible en términos de gestión política y administrativa.

Las reformas planteadas desbordan la capacidad de implementación de un gobierno que recibió unas finanzas públicas en crisis y que cuenta con apenas cuatro años para sacar adelante transformaciones en todos los frentes: fiscal, salud, trabajo, pensiones, educación, etc. En este camino, se ha desgastado políticamente defendiendo su agenda y su gobernabilidad.

A diferencia de los gobiernos anteriores, cuyas propuestas hacia la educación pasaban por recortes y ajustes que debilitaban su alcance, este gobierno entendió que invertir en educación es una de las vías más efectivas para superar la desigualdad. Y avanzó. No lo suficiente para alcanzar todos los objetivos, pero sí más que en años en los que solo fuimos testigos de recortes y retrocesos. Ese avance, aunque insuficiente, marca un cambio de enfoque que el país no puede darse el lujo de perder.

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