¿Cómo medir los impactos económicos de las reformas sociales?

El martes en medio de las marchas dadas en todo el país, se presenció de nuevo la mezquindad de los miembros del congreso que no legislan para sus electores sino para los financiadores de campaña. La reforma laboral se hundió en la Comisión Séptima del Senado, con ocho votos a favor y seis en contra, la cual, en resumen, propone Jornada nocturna desde las 7PM, no a las 10pm, recargos dominicales del 100%, es decir, una remuneración justa del trabajo en el día de descanso obligatorio, aumento de la licencia de paternidad, la formalización del trabajo doméstico, para el caso de madres comunitarias, la recuperación de la laboralización de los aprendices del SENA que habían perdido el derecho al SMMLV bajo el gobierno de Uribe, entre otras medidas.

Quienes se oponen a las garantías laborales, señalan, como de costumbre, una preocupación por la economía y su balance. Decía Rosa Luxemburgo que, “el concepto fundamental de la economía nacional de nuestros días es una mistificación científica que corresponde a los intereses de la burguesía.”

Un claro ejemplo de esto son los argumentos que expone FEDESARROLLO y la ANDI, quienes señalan: “El aumento en los costos salariales y no salariales generado por la reforma implicaría la pérdida de 451.000 empleos. Para un micro establecimiento comercial con tres trabajadores, la reforma supondría un incremento del 11,9% en el costo mensual de la nómina, y estos micro establecimientos corresponden al 83% de las empresas formales en Colombia. Hay una alarma por encarecer el empleo formal y desincentivar su generación.” También aducen que los 13,3 millones de ocupados informales y 2,5 millones de desempleados enfrentarían mayores dificultades para acceder a empleos formales y que además la reforma no cuenta con un análisis de impacto fiscal.

Lo que llaman estos eruditos de la economía “encarecimiento del empleo formal y desincentivar su generación” no es más que el argumento recalcitrante que justifica la acumulación de capital a costa de mano de obra mal remunerada. Son los mismos que creen que las empresas hacen un favor al generar empleo, pero que parecen no tener conciencia de que necesitan empleados para hacer funcionar sus negocios.

Muestra de ello es la concentración de la riqueza en Colombia, que refleja los altos niveles de desigualdad. Y me permito presentar otras cifras que los señores de la ANDI y FEDESARROLLO ignoran, porque sin estadísticas no se puede hablar de políticas públicas. De acuerdo con un informe presentado por la DIAN para el año 2024, según las últimas encuestas a los hogares, el 50 % de la población más pobre tenía el 4 % de la riqueza de los hogares; el 10 % más rico concentraba el 65 %, y el 1 % era dueño de un tercio de toda la riqueza. ¿Es acaso esto normal en un país en donde más de 16 millones de personas viven en situación de pobreza?
Por tanto, las cuentas que hacen estos “comprometidos” con las finanzas del país, no cuadran, y lo que le han dicho al país los senadores que votaron en contra de las garantías laborales mínimas de los y las trabajadoras colombianas, es que la riqueza que se produce gracias a su trabajo, no les pertenece ni siquiera en el porcentaje mínimo de la contribución que hacen a través de la mano de obra.

Hagamos cuentas a vuelo de pájaro, si se suben los salarios, hay mayor capacidad de compra, esto promueve la demanda, se moviliza la industria. ¿Y qué hacemos con el alza de precios? Pues, los efectos sobre la inflación se pueden contrarrestar con medidas de tipo monetario como la tasa de interés para reducir el crédito y así el flujo del dinero en circulación, o de tipo fiscal vía impuestos. Pero no puede ser que sigamos creyendo como país que la única manera de sostener la economía es mediante la explotación de la mayoría para la acumulación de riqueza de una minoría, que es lo único que conocemos a ciencia cierta. Démonos la oportunidad de incluir en nuestros debates indicadores como el índice de desarrollo humano que permiten, de un lado, medir el progreso de un país teniendo en cuenta factores no solo económicos, sino educativos y sanitarios, y de otro lado, escapar de la trampa mediocre de reducir todo a un “encarecimiento del empleo” o “la confianza inversionista”.

Y finalmente, no puedo dejar pasar la oportunidad para llamar la atención sobre las implicaciones que tienen este tipo de discursos, sobre las condiciones de participación laboral de las mujeres en el país. Hay una apuesta nacional en la agenda de las mujeres por el reconocimiento del valor económico que aporta el trabajo doméstico no remunerado a todo el ciclo económico. Hablar de la licencia por menstruación, el aumento de la licencia de paternidad que contribuye a la redistribución de los cuidados, de la formalización del trabajo doméstico, de las medidas de estabilidad laboral reforzada para personas embarazadas y las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, responde en algún porcentaje a esta apuesta, y postergar la toma de medidas al respecto bajo el argumento del “encarecimiento del empleo”, es mantener un sistema en donde se cree que el trabajo de cuidado corresponde a la naturaleza femenina y no que es un hecho económico evidente que ha puesto históricamente a las mujeres en posiciones de desventaja.

Arrancar el debate económico de la retórica tradicional y trilladas que al estilo de Milei solo habla de inflación y control fiscal, es urgente para un real entendimiento de todos los actores sociales, políticos y económicos. Como decía Ferdinand Lassalle sobre economía política «Si se abrazan la ciencia y los obreros, esos polos opuestos de la sociedad, aplastarán con sus brazos todos los obstáculos que se oponen a la civilización».