El proceso de Uribe: Un hito histórico en la justicia colombiana.

Colombia es quizás uno de los únicos países de Latinoamérica en los que no se ha llevado a juicio a ninguno de sus presidentes o expresidentes, mucho menos que alguno haya sido condenado. El fuero presidencial —condición que se adquiere por haber ostentado el cargo— remite todo tipo de investigación de un expresidente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta comisión, en caso de hallar indicios suficientes, remitirá el caso al Senado. La Corte Suprema de Justicia interviene solo cuando el Senado declara que hay lugar a avanzar en la investigación.
En esta comisión duermen los expedientes de múltiples casos, al ser una figura política la que administra justicia, generando una mixtura de competencias donde el legislador ejerce funciones judiciales.

Sin embargo, a pesar de casos tan sonados y relevantes como el de Odebrecht —aquella constructora que sobornó todo tipo de campañas políticas para saquear los recursos de varios países, llevando a condenas transnacionales en Latinoamérica—, o los 6.402 casos de falsos positivos, o la desaparición sistemática de todo un partido político de oposición como la Unión Patriótica, o la toma del Palacio de Justicia donde se incineraron cientos de expedientes (incluso algunos que acusaban a figuras presidenciales de la época), o el proceso 8000 en el que ingresó dinero del narcotráfico a las campañas de Ernesto Samper, todos estos casos han pasado inadvertidos ante la justicia.

Sin respuesta, sin verdad, la estructura legal se ha encargado de generar impunidad disfrazada de inmunidad. El actual caso del expresidente Uribe escapó a ese fuero hacia un escenario aparentemente más cómodo políticamente, pero que no salió como se esperaba.

Los hechos del caso
Al expresidente Uribe se le acusa desde 2018 por hechos ocurridos en 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con falsos testigos en cárceles para involucrarlo con el paramilitarismo. Lo que inició como una acusación se convirtió en un tiro en el pie: la Corte archivó el proceso contra Cepeda e inició una investigación contra Uribe, bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para acusar a Cepeda. Uno de sus abogados, el llamado «aboganster» Diego Cadena, ofreció beneficios judiciales y dinero a exparamilitares para que ratificaran la tesis en contra de Cepeda.

Uribe había sido elegido senador para el período 2018-2022. En agosto de 2020 fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, marcando un hito histórico como el primer expresidente detenido, así fuese de forma provisional. Semanas después, en el mismo mes, optó por renunciar a su curul en el Senado y perder su fuero como congresista. Esta maniobra llevaría el proceso a la Fiscalía General de la Nación, donde el entonces fiscal Francisco Barbosa le sería favorable.

El desarrollo procesal
La asignación recayó en el fiscal Gabriel Jaimes, quien en reiteradas oportunidades solicitó la preclusión. Las solicitudes fueron negadas y el proceso continuó, con infinidad de tropiezos y recusaciones contra la juez Sandra Heredia que adelanta el caso por parte de la defensa de Uribe.

El fiscal Jaimes fue apartado del juicio, además de pasar de investigador a investigado por la propia Corte Suprema de Justicia. El proceso fue asumido por la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez. Hace apenas unos días, el proceso que parecía interminable —ante la multiplicidad de testigos llamados a juicio y la infinidad de aplazamientos a las diligencias— cesó su etapa probatoria, y los alegatos finales piden la condena del expresidente.

La solicitud de condena
La Fiscalía solicitó a la juez 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, condenar al expresidente por instigar a terceros a cometer los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Podría enfrentar una pena entre 6 y 12 años de prisión si es condenado. Según la fiscal, Uribe «ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros, con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales».

Reflexiones finales
El proceso contra Uribe ha tenido innumerables narrativas en las que siempre se amparan quienes han sido reconocidos en la política: «la persecución» por parte de sus adversarios. Hoy el país enfrenta debates en relación con las competencias judiciales. Una gran lección para Colombia es que, por fin, la administración de justicia no se muestra débil ante la influencia política que tanto ha detentado y promovido la impunidad.

El país discute el inicio de la construcción de una Asamblea Constituyente. Una necesidad silenciosa resulta ser que la Cámara de Representantes pierda la competencia para investigar a los presidentes, que el fuero presidencial sea reevaluado, o que en casos donde los jueces de mayor rango —magistrados de altas cortes— no deban ser ternados por cargos políticos ni electos por los mismos, evitando el escenario de «yo te elijo, tú me cuidas».

Paradójicamente este proceso, que parecía ser una maniobra política como tantas que favorecieron su reelección Presidencial, se convirtió en su talón de Aquiles, en su mayor derrota, porque quiera o no, ha sido el primer presidente llevado a juicio, y si la justicia se impone será al primer presidente condenado en la historia de Colombia.

.