La Paradoja de la Inmunidad Presidencial en Colombia: Un Análisis Comparativo Latinoamericano.

En el actual debate colombiano sobre la división de poderes, especialmente en el contexto de las discusiones sobre la Asamblea Constituyente y la consulta popular, resulta fundamental examinar cómo la administración de justicia se ha comportado frente a los máximos representantes del poder ejecutivo. Un análisis comparativo con otros países latinoamericanos revela una llamativa particularidad colombiana: la inmunidad prácticamente total de sus expresidentes.

La Excepcionalidad Colombiana
A pesar de numerosos escándalos que han marcado la historia reciente del país —como las irregularidades en REFICAR, los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, los falsos positivos y el exterminio sistemático de la Unión Patriótica—, ningún expresidente colombiano ha sido investigado por estos hechos. La única excepción parcial es el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta un proceso penal por manipulación de testigos, no por los graves hechos mencionados anteriormente. Además, este proceso se desarrolla en la jurisdicción ordinaria debido a su renuncia al fuero especial para aspirar al Senado en 2018.

El Contraste Latinoamericano
La situación colombiana contrasta marcadamente with la de otros países de la región. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada recientemente a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por corrupción en la concesión de obras públicas durante su mandato (2007-2015) y vicepresidencia (2019-2023).

Brasil presenta un panorama más complejo pero igualmente activo en términos de justicia. Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero, aunque la Corte Suprema anuló su condena en 2021, permitiendo su regreso a la presidencia en 2023. Otros expresidentes brasileños como Dilma Rousseff y Fernando Henrique Cardoso también han sido investigados en relación con el caso Odebrecht. Paradójicamente, mientras Brasil investigó exhaustivamente la participación de Odebrecht en su territorio, Colombia, a pesar de conocer la implicación de la constructora en proyectos como la Ruta del Sol y en financiación de campañas durante los gobiernos Uribe y Santos, no inició investigaciones contra sus mandatarios. El caso solo cobró víctimas colaterales, como el interventor Jorge Enrique Pizano, cuya muerte inicialmente catalogada como suicidio fue posteriormente determinada como homicidio, salpicando incluso al entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Perú ejemplifica quizás el caso más extremo de justicia aplicada. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad, además de sentencias adicionales por peculado y corrupción. Alejandro Toledo enfrenta condena por sobornos de Odebrecht, Alan García se suicidó antes de ser detenido por el mismo caso, y Pedro Castillo fue arrestado tras intentar disolver el Congreso en 2022.

En Ecuador, Rafael Correa recibió una condena de ocho años por delincuencia organizada vinculada al caso Odebrecht. Panamá también ha actuado contra Ricardo Martinelli, condenado a más de diez años por corrupción y lavado de dinero, quien paradójicamente recibió asilo político del gobierno colombiano.

La Estrategia de la Victimización Política
Cuando los jefes de Estado enfrentan procesos judiciales, frecuentemente adoptan una estrategia de victimización, presentando las investigaciones como persecución política de la oposición. Esta táctica genera respaldo entre sus seguidores, debilita la administración de justicia mediante la recusación de jueces y el apartamiento de funcionarios, y politiza los procesos judiciales. La politización resta objetividad a la justicia y construye un debate que, aunque innecesario desde lo judicial, resulta útil para mantener la inmunidad.

Reflexiones sobre el Equilibrio de Poderes
Mientras Colombia debate el equilibrio de poderes, es necesario reconocer que el poder judicial no ha demostrado imparcialidad frente a los expresidentes. Su actuación ha sido servil y tímida ante los poderosos, posiblemente porque el ejecutivo influye en el nombramiento de jueces, magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nación. Esta dinámica de «yo te elijo, tú me defiendes» convierte la inmunidad en una cuestión política que, aunque legítima en términos formales, contradice los principios de equilibrio de poderes que tanto invocamos para defender lo que convenientemente llamamos democracia.

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